Juicio en El Salvador: Penas de 1,300 años y el costo del régimen
El reciente juicio masivo que condenó a 248 pandilleros en un solo proceso judicial, con una pena individual que superó los 1.300 años de prisión, no es un hecho aislado. Es la expresión más extrema y visible del modelo de seguridad y justicia penal que El Salvador aplica desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022.
Las cifras del fallo son tan contundentes como simbólicas: cientos de condenados, miles de años de cárcel acumulados y sentencias que, en la práctica, eliminan cualquier horizonte de libertad. No se trata solo de castigo individual, sino de un mensaje político y penal diseñado para cerrar definitivamente el ciclo de violencia de las pandillas mediante el encierro permanente y masivo.
Este juicio ocurre en un contexto marcado por más de 75.000 detenciones desde el inicio del régimen, un promedio sostenido de 60 a 65 arrestos diarios durante más de 1.300 días, y una población penitenciaria que pasó de alrededor de 40.000 reclusos a más de 100.000, colocando al país entre los mayores índices de encarcelamiento per cápita del mundo.
El gobierno de Nayib Bukele sostiene que estos números responden a resultados concretos. En 2022, se registraron 495 homicidios; en 2023, la cifra cayó a 154, y en 2024 descendió aún más hasta 114 homicidios, con una tasa aproximada de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es la reducción más pronunciada de violencia letal en la historia reciente del país y el principal argumento de legitimidad del modelo.
Sin embargo, junto a esa caída histórica conviven otros datos que alimentan la controversia. Organizaciones civiles han documentado al menos 354 muertes bajo custodia del Estado desde 2022, mientras que informes internacionales alertan sobre la detención de aproximadamente 3.000 menores de edad durante el régimen. A esto se suma una crítica recurrente: parte de las muertes ocurridas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad no siempre se incluyen en el conteo oficial de homicidios, lo que introduce matices en la lectura estadística.
Incluso dentro del respaldo social aparecen fisuras. Aunque 66,8 % de la población aprueba el régimen, 59,7 % considera que debe continuar y 75,2 % identifica la seguridad como el principal logro actual, un 10,1 % señala como problema el encarcelamiento de personas inocentes. El debate, por tanto, no gira solo en torno a si hay más o menos homicidios, sino a qué tipo de justicia se consolida cuando las sentencias se miden en siglos y los juicios se resuelven por volumen.
Desde esta perspectiva, el juicio que condenó a 248 pandilleros y acumuló miles de años de prisión confirma y radicaliza un modelo donde la seguridad pública se sostiene sobre detenciones masivas, procesos colectivos y penas simbólicamente infinitas. El interrogante de fondo no es si el crimen fue contenido, sino qué precedentes deja un sistema penal que convierte la excepción en norma permanente.