El programa de Visas de Diversidad, conocido como la lotería de la Green Card, no fue un experimento reciente ni una concesión improvisada. Fue creado por el Congreso en 1990 y comenzó a operar de forma regular en 1995 como una herramienta legal para equilibrar el sistema migratorio estadounidense, ofreciendo acceso a la residencia permanente a ciudadanos de países con baja migración histórica hacia EE. UU.

Desde su puesta en marcha, el programa operó a una escala constante y medible. En casi tres décadas de aplicación, permitió el ingreso legal de entre 1.4 y 1.6 millones de personas, con un promedio cercano a 50 000 nuevas residencias permanentes por año. Cada admisión estuvo sujeta a entrevistas consulares, revisión de antecedentes penales, exámenes médicos y verificación de requisitos educativos o laborales, dentro de un proceso que además caduca estrictamente al cierre de cada año fiscal. No hubo entradas automáticas ni excepciones fuera del sistema.

Ese volumen sostenido de inmigración legal explica por qué el impacto del programa trascendió lo migratorio y se reflejó directamente en la economía estadounidense. La mayoría de los beneficiarios ingresaron en edad laboral activa —principalmente entre los 20 y 45 años— lo que implicó décadas potenciales de contribución fiscal. Desde su incorporación al mercado laboral comenzaron a pagar impuestos federales, estatales y locales, sin acceder automáticamente a beneficios federales, convirtiéndose en contribuyentes netos a lo largo del tiempo.

Síguenos y mantente informado

📲 Canal de WhatsApp 👍 Síguenos en Facebook

El efecto se concentró precisamente en sectores donde EE. UU. mantiene déficits estructurales de mano de obra. Miles de beneficiarios se integraron a áreas como salud, construcción, transporte, manufactura y servicios, ayudando a sostener cadenas productivas, evitar incrementos de costos y mantener la disponibilidad de servicios básicos. En comunidades medianas y zonas rurales, este flujo contribuyó a estabilizar economías locales, sostener escuelas y servicios públicos y frenar procesos de despoblación que ya afectaban a numerosos condados.

Además del impacto económico, el programa cumplió una función estratégica en el control migratorio. Al ofrecer una vía legal, documentada y verificable, actuó como una válvula de presión frente a la inmigración irregular. Cada una de esas 50 000 visas anuales representó una persona menos recurriendo a rutas ilegales o al sistema de asilo por falta de opciones, y una entrada completamente identificada por el Estado, con registros biométricos y trazabilidad administrativa.

Suspender este mecanismo no elimina la migración, pero sí cambia su forma y su costo. La interrupción del programa implica la pérdida de decenas de miles de nuevos contribuyentes cada año, profundiza la escasez laboral en sectores clave y aumenta el gasto público asociado a detención, procesos judiciales y deportaciones. En términos económicos y operativos, gestionar la ilegalidad resulta más caro que administrar la legalidad.

La situación es aún más crítica para quienes ya estaban en proceso. No se ha publicado una guía operativa clara que defina el destino de los casos en curso. Los solicitantes que tramitaban desde el extranjero enfrentan retrasos, congelamientos o incluso la pérdida total de la oportunidad por los límites del año fiscal. Aquellos dentro de EE. UU. que ajustaban estatus dependen directamente del procesamiento interno, quedando en un limbo administrativo mientras el reloj legal sigue corriendo.

Presentada bajo el argumento de “riesgos de seguridad”, la suspensión llega sin evidencia pública concreta que vincule al programa con amenazas reales. Tras más de 30 años de funcionamiento continuo, controles estrictos y beneficios económicos medibles, la decisión plantea una pregunta de fondo: qué gana realmente Estados Unidos cerrando una de las pocas vías legales que sí funcionaban dentro de su sistema migratorio.